Mmmm. Un organismo emite un informe sobre un proyecto de texto (que se redacta desde 2022, y posiblemente antes), para criticar de forma velada que este proyecto no está suficientemente alineado con una
propuesta de directiva de la Comisión (en
tramites de adopción). Me parece correcto que lo haga, pero no veo en qué nos afecta.
Luego si se lee la propuesta de la comisión (COM(2022) 701 final), se ve que hay una diferencia importante entre las facturas intracomunitarias, dónde la comisión quiere que pasen al 100% electrónico, y las facturas nacionales (donde la comisión no tiene las mismas competencias, si leo bien), donde se dice que hay que «
modernizar las obligaciones de notificación a efectos del IVA mediante la introducción de requisitos de notificación digital, que normalizarán la información que deben presentar, en formato electrónico, los sujetos pasivos a las autoridades tributarias sobre cada operación» (1º parágrafo 3ª página, en la exposición de motivos).
Para mi, esto suena muchísimo más a SII o Veri*factu que a facturas electrónicas tipo Factura-e.
Entonces estoy en desacuerdo sobre el texto que has puesto en negrita: para mi entender no se exige pasar a la facturación electrónica en nacional; y no veo que será por esta razón si la facturación siga electrónica por defecto en 2028.
Ahora bien, entiendo que se está generando confusión.
Y lo veo así desde el principio, cuando surgen casi al mismo tiempo dos normas, con objetivos similares pero distintos, con implementaciones también distintas (hasta el punto que con lo que hay actualmente sobre la mesa, cada factura se debe declarar dos veces a las administraciones públicas, la cual cosa parece una locura), viniendo de dos ministerios distintos.
Y creo que la clave está en lo último: detrás de esto hay luchas de poderes.