Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

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Con 179 vosotros a favor, 168 en contra y una abstención, el Congreso de los Diputados ha aprobado este
jueves el decreto ley con las concesiones a Junts que, entre otras medidas, aplaza la entrada en vigor de
la nueva norma de la Agencia Tributaria (AEAT), que será obligtoria para las empresas que tributen con el
impuesto de sociedades el 1 de enero de 2027, y el 1 de julio de 2027 en el caso de los autónomos, cuando
registren su actividad través del Sistema Informático de Facturación (SIF). Es decir, que su obligatoriedad
se pospone un año más. En ese sentido, y a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley, la propia AEAT ha
cambiado en estos días uno de sus criterios, como reflejan las novedades de su página web: el carácter
retroactivo de utilizar Verifactu. Hasta la pasada semana, las empresas que aplicasen Verifactu antes de su
obligatoriedad no podrían deshacer el cambio una vez hecho, y debían continuar enviando sus facturas
automáticamente a la AEAT. Ahora se permite que, hasta 2027, haya un periodo de pruebas "durante el cual se
podrá dejar de remitir registros de prueba con un SIF de modalidad Verifactu y utilizar para facturar otros
SIF, hasta la fecha límite para tener adaptados los sistemas a los requisitos establecidos en el RRSIF", explican.
O dicho de otro modo: las empresas que hayan cambiado de sistema para empezar el año, si quieren, podrán
volver al procedimiento habitual... hasta 2027. Como recuerda la AEAT, se modifican los plazos, pero no las
sanciones: si no se cumple con Verifactu en la fecha establecida, emitir facturas con sistemas o programas
informáticos no debidamente certificados será objeto de multa (50.000 euros).
Aplicar Verifactu en la contabilidad de las empresas significa que cada factura se guarda en un registro
accesible para la AEAT, que sólo puede ser modificado en caso de error, pero nunca borrado, porque la
información (factura) se envía de forma automática al organismo de Hacienda. Para ello deben implementar un
software certificado aquellas empresas que utilicen sistemas informáticos para emitir facturas, sea con un
programa específico o incluso una versión alterada de Excel o Word. Ello implica dos cosas: por un lado, que
si no se opta por el software gratuito de la AEAT, la empresa se costee un programa informático que cumpla con
Verifactu. Y por otro, en los casos de los comercios de proximidad donde se emitan tickets, adquirir (a cuenta
propia) el material equipado para imprimir el QR en el ticket que permitala trazabilidad que exige la nueva
norma, además del correspondiente programa informático.
En los últimos días y desde que el Gobierno anunciase la prórroga el pasado 2 de diciembre, los fabricantes de
programas informáticos se han apresurado a recordar que, aunque no sea obligatorio en 2026, Verifactu lo será
en 2027, con lo cual, no hay que confiarse. Empresas como Cegid, que en los últimos meses habían notificado un
alto volumen de demanda de sistemas adaptados, señalan la prórroga para subrayar que el nuevo margen es una
oportunidad para "no esperar hasta el último momento, y hacer un buen uso de este tiempo extra para llegar
a 2027 en perfectas condiciones, evitando potenciales sanciones e inspecciones fiscales". Reconocen que alguno
de sus clientes se encontraban a la espera de una decisión definitiva sobre la norma, como la de hoy, para
valorar si continuar o no con los nuevos sistemas.
No todas las empresas tienen claro qué hacer con este tiempo extra. Encuestas como la elaborada por Ipsos para
el fabricante TeamSystem, en base a 845 entrevistas, apuntan esta semana a que el 12% de pymes y autónomos
prevé tener listo Verifactu en el primer trimestre de 2026. Mientras, el 29% dejará su aplicación para el
segundo trimestre, un 22% se hará cargo en el tercer trimestre, y un 16% apurará el plazo hasta el final. Los
autores destacan que un 21% de los encuestados "no tiene aún un posicionamiento claro" sobre Verifactu.
Verifactu se aplaza... otra vez
La nueva prórroga de Verifactu se anunció la semana pasada, a 29 días de su entrada en vigor, por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, que explicó que este retraso se llevaba a cabo para "facilitar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales a las empresas" y profesionales. La medida se incluye dentro del real decreto ley
aprobado por el Consejo de Ministros y con los compromisos pendientes con Junts. El partido catalán, junto a
asociaciones y patronales, había promovido la moratoria de este sistema que forma parte de la ley antifraude de
Hacienda. En el pleno de hoy, el último del año, se ha ratificado dicho aplazamiento.