La verdad del aplazamiento de VeriFactu

[ermendalenda]

Durante las últimas semanas se ha repetido que el aplazamiento de Verifactu hasta 2027 fue una concesión del Gobierno a Junts. Si se analizan los hechos y las fechas, ese relato simplista no se sostiene. Junts sí apoyó el retraso durante las negociaciones previas y su voto era necesario para que la medida saliera adelante. Sin embargo, a finales de octubre y primeros de noviembre Junts anunció públicamente la ruptura de su pacto político con el Gobierno. Esto demuestra que, aunque su apoyo era imprescindible para aprobar el decreto, no servía para “captarlos” políticamente ni para establecer lazos y asegurarse la legislatura, porque ya habían decidido romper la relación de confianza con ellos.
Los verdaderos motivos del aplazamiento son otros. Primero, la logística del sistema, todos sabemos que no estaba preparada. Ni el mercado ni la administración lo estaban: había software de facturación sin adaptar o sin certificar, gestorías saturadas y autónomos y pymes sin capacidad real de cumplir en 2026. Entrar así habría provocado caos técnico y miles de incumplimientos involuntarios. Segundo, existía un riesgo político y administrativo evidente para Hacienda. Implantar Verifactu sin madurez habría generado errores masivos, recursos, sanciones mal aplicadas y un desgaste político enorme. Retrasar es evitar un fracaso operativo. Tercero, una cuestión de coherencia institucional. Aunque Junts ya no apoyara al Gobierno de forma estable, el Ejecutivo ya había asumido internamente que el aplazamiento era necesario y dar marcha atrás habría tenido más coste que seguir adelante. Además, cumplir lo anunciado evita reforzar la percepción de que el Gobierno no respeta sus compromisos.
La conclusión es que Verifactu se retrasa porque no estaba listo, no exclusivamente por Junts. Junts sí apoyó la medida, pero no fue el factor decisivo ni el motivo político central en el momento final. El aplazamiento no recompone mayorías, no compra apoyos y no cambia la obligación final. Solo gana tiempo para hacer "bien" algo que, de hacerse mal, habría sido un problema serio para la mayorías. Verifactu no desaparece. Forzarlo en 2026 habría sido un error técnico y político cuyas consecuencias iban a derivar en una perdida masiva de votos.
El gran problema es el de siempre, todo se deja a fechas límites en este Gobierno.